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CUBA NECESITA NUEVA LEGISLACIÓN EN CONTRA DE LA TRATA DE PERSONAS

Cuba debe introducir una nueva legislación que garantice que todas las víctimas de la trata de personas puedan ser identificadas y reciban ayuda y justicia, advirtió una experta en derechos humanos de Naciones Unidas.

Al término de su visita de cinco días a la isla caribeña, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, reconoció la voluntad del gobierno para hacer frente a este flagelo y valoró su fuerte enfoque en materia de prevención.

Sin embargo, agregó que los delitos de carácter sexual deben extenderse a todos los menores de 18 años y que “aunque los casos de trata en el país pueden parecer pocos, el número de procesamientos penales y víctimas asistidas es aún demasiado modesto y demuestra que necesita un enfoque proactivo para detectar el problema”.

Giammarinaro, elogió el Plan Nacional de Acción de Cuba para la prevención y lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas 2017-2020, aprobado justo antes de su llegada y señalo que el verdadero reto será la implementación de sus medidas.

La experta independiente resaltó también que la emigración cubana en condiciones inseguras, especialmente a los Estados Unidos, influye en situaciones que pueden conducir a la trata y recordó que desde finales de 2015 miles de personas han quedado atrapadas sin dinero en países de tránsito como Ecuador, Colombia, Costa Rica y México y están expuestas a la explotación.

Por otro lado, Giammarinaro pidió que se elimine el estigma social que rodea a la prostitución/trabajo sexual y el cierre de los llamados ‘centros de rehabilitación’ donde las mujeres son detenidas a pesar de que la prostitución no es considerado un delito en el país.

 “Cualquier temor a ser castigado es un gran obstáculo para que las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual denuncien su situación y el abuso que han sufrido”, subrayó.

Durante su visita, Giammarinaro, se reunió con agencias gubernamentales, funcionarios de la ONU y miembros de organizaciones de la sociedad civil en La Habana, Matanzas y Artemisa.

Los resultados de su visita al país y sus recomendaciones se incluirán en un informe oficial que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018.

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