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PRESENTAN NUEVO MODELO HOMOLOGADO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

El Subprocurador Alberto Elías Beltrán en suplencia del Procurador General de la República y del pdte de la CNPJ presentó un nuevo modelo homologado de procuración de justicia.

Después del preámbulo reconociendo que  de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 del INEGI, en que pone como causa y en evidencia la desconfianza de la ciudadanía, pero lo señala como que “somos el órgano colegiado idóneo para afrontar,  desde la investigación y persecución penal, cuatro de los diez principales problemas que afectan a la sociedad mexicana: inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico”.

para dar a conocer el modelo, señaló que durante la sesiones de trabajo  se presentó la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, construido con enorme solvencia técnica y legitimidad política, con la intención de que sea un instrumento elemental para transformar nuestro sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.

Esta propuesta de modelo, gira en torno a cinco puntos torales:

Primero: Una política criminal de seguridad pública y de justicia penal;

Segundo: Un esquema de gobernanza y administración  que incluya el liderazgo institucional, así como a las áreas operativas, transversales y de soporte.

Tercero: Un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva / basado en un plan de persecución penal.

Cuarto: Un modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos.

Y un modelo de operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración,  a través de la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación,  y mecanismos alternativos de solución de controversias.

Dijo Elías Beltrán, que la propuesta es presentada con la firme convicción de que, con un modelo homologado, se materializará la visión de Estado respecto al servicio de procuración de justicia y que ya está siendo implementado mediante diversas pruebas piloto, al interior de la Procuraduría General de la República.

Este planteamiento, en principio, de mejorar se puede generar sobre las siguientes premisas:

Reconocer que su combate debe implicar una responsabilidad compartida, con límites debidamente identificados, entre Federación y entidades federativas;

Establecer una política criminal que priorice  la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos de delincuencia organizada;

Fortalecer las capacidades de las instituciones de procuración de justicia locales para combatir la delincuencia organizada,  y

Establecer mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación para el intercambio de información, en todos los órdenes de gobierno y niveles regional, nacional e internacional.

Con base en lo anterior,  la Procuraduría General de la República,  en conjunto con las fiscalías y procuradurías del Estado de México,  Chihuahua, Nuevo León y Tabasco,  está trabajando en un anteproyecto de iniciativa de Ley para someterlo, el siguiente año,  a la consideración de la Conferencia, con el objetivo de que, en el marco de los principios y límites constitucionales, se refuerce el combate a la delincuencia organizada, y se mantenga la integridad de las personas,  las libertades, el orden público,  y la paz social de nuestro México.

Al final el subprocurador recalcó que “La confianza y cooperación entre las 33 procuradurías y fiscalías  ha sido la base, y seguirá siendo condición,  para construir e implementar un modelo homologado de arquitectura institucional que nos permita,  a todos, hacer plenamente operativo, / con los mismos estándares, el sistema de procuración de justicia con corte acusatorio  y, con ello,  garantizar el derecho humano de acceso a la justicia”.

Y que “Debemos pensar de forma estratégica  para que,  con base en una política criminal clara,  prioricemos nuestros objetivos,  para que las capacidades institucionales con las que contamos, sean utilizadas de mejor forma y de manera proactiva. No cabe la menor duda que, dentro de estas prioridades, debe estar el combate eficaz a la delincuencia organizada. Por ello, se seguirá trabajando en un marco jurídico adecuado que nos permita coaccionar este fenómeno delictivo de manera coordinada e inteligente, y, a la vez, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.

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